El Gobierno de Canarias corrige su error de la ley del deporte

Informa Iusport.com que después de varias intentonas fallidas, el Gobierno de Canarias aprobó este lunes 8 el decreto-ley con el que han enmendado su propio error, cometido en el art. 93 de la reciente ley del deporte, publicada el pasado 8 de febrero en el Boletín Oficial de Canarias.

Este es el artículo 93 de la nueva ley canaria que ha sido modificado en base a que impedía la ejecutividad inmediata de las sanciones:

"Las resoluciones sancionadoras recaídas en los procedimientos en materia disciplinaria deportiva serán ejecutivas cuando no quepan contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva...".

Una regulación contraria al dinamismo propio del deporte de competición y única en el contexto nacional e internacional.

Aún no disponemos del tenor literal de la nueva redacción dada por el decreto-ley al art. 93, pero es altamente probable que se parezca al artículo 66 de la ley de 1997, derogada precisamente por la reciente ley canaria.

 

Es probable, pues, que el contenido final del art. 93 sea este: "Las sanciones impuestas en materia disciplinaria deportiva serán ejecutivas, sin que las reclamaciones o recursos interpuestos contra ellas paralicen o suspendan su ejecución, salvo que el órgano a quien correspond a resolver el recurso acuerde su suspensión"

Un error del propio Gobierno

Canariasahora.com demostró que, aunque se trata de una norma aprobada por el Parlamento, el error había partido del texto enviado por el propio Gobierno, dejando claro que no habia sido un error generado en su tramitación en la Cámara regional.

Como informamos en primicia en Iusport, la reciente ley creó un grave problema en el deporte federado canario, debido a la imposibilidad de hacer cumplir las sanciones de forma inmediata por la mala redacción dada al artículo 93.

Iusport confirmaba que el pasado lunes día 1 surgieron dudas en el último minuto en el seno del Gobierno, acerca de si estaba justificado el uso del decreto-ley en este caso. El Gobierno canario acudió a esta figura ante la imposibilidad de tramitar un proyecto de ley por finalizar la legislatura.

La opción del decreto-ley ha surgido con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, pues en el anterior no existía esta potestad para el Gobierno regional. Pero, claro, ello no obsta a que tengan que acreditarse las circunstancias de urgente necesidad para poder justificar su uso. Y aquí es donde se suscitó el debate dentro de la Administración regional, debate que, por lo que se ve, ha sido superado.

En todo caso, como es sabido, el decreto-ley necesita ser convalidado por el Parlamento en el plazo de 30 días. Ante la convocatoria electoral, sería la Diputación Permanente la que conocería del asunto.