T.A.

Nicolás Ortega, vicepresidente de la UD Las Palmas, confirmó este jueves a través de la emisora oficial de la entidad que la sede social de la UD Las Palmas en Pío XII es la garantía de pago que la SAD ofrecerá al Juzgado de Lo Mercantil ante el nuevo embargo presentado por el ex presidente y que el juez, Alberto López Villarrubia, ha admitido a trámite por un montante de 656.100 euros.

Quiere ello decir que en caso de prosperar esta iniciativa judicial de García Navarro, el valor del chalet de Ciudad Jardín sería el que cubriría esta nueva cantidad que se reclama a través de las empresas Districo S.L. y Plaza Verde Distribuciones S.A cuya titularidad es la del ex presidente con el que la UD Las Palmas arribó al proceso concursal actual.

"La situación se está poniendo muy peligrosa; con el riesgo con conlleva para el club", dijo Ortega quien pidió en público que "el ex presidente tiene que cerrar está página negra" de la UD Las Palmas, tras nueve años de proceso concursal.

En una hipótesis de que se ejecuta la entrega de la prenda que el club pone a disposición del juzgado, la entidad tendrá que abandonar todas sus dependencias que mantiene en Pío XII, centro durante más de cuatro décadas.