T.A.

Publica este martes La Provincia/Diario de Las Palmas que "la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado la demanda de Manuel García Navarro para declarar nula la junta de accionistas que la UD Las Palmas celebró el 12 de mayo de 2010, cónclave en el que se aprobó la reelección de Miguel Ángel Ramírez como presidente del club. Para fundamentar el fallo, María Elena Corral -magistrada de la Sala que ejerció como ponente- considera que la ampliación de capital que la entidad de Pío XII puso en marcha en julio de 2008 fue cerrada de forma irregular y que, por lo tanto, no puede considerarse como accionistas a los socios que tomaron la decisión de aprobar la continuidad de Ramírez al frente de la Unión Deportiva".

Este fallo va a ser objeto de recurso por el actual consejo de administración de la UD Las Palmas ante el Tribunal Supremo con una previsión de "uno o dos años" antes de su nuevo veredicto. Mario Ghosn, abogado de la entidad futbolística, habló del asunto en la emisora oficial del club para manifestar que "la Audiencia Provincial, por sorpresa, entra a discutir en su fallo el capital social de la entidad, cuando no era objeto de debate en este asunto. Tampoco es cierto lo que se indica en la sentencia al afirmar que no existen juntas generales ordinarias y extraordinarias en la UD Las Palmas desde julio de 2005 a mayo de 2010. Todos los años se han realizado las de precepto de aprobación de cuentas", aclaró el abogado, que "se han resuelto de manera anual y otras extraordinarias".

Para Ghosn "el asunto sobre el capital social quedó visto para sentencia en el juicio de mayo de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil. Es el de 1.790.000 euros que nosotros documentamos y no el de tres millones y medio que afirma el señor García Navarro, que él pudo haber inscrito en el Registro Mercantil y que jamás inscribió. Allí consta el de diez millones de euros".

Pronostica Ghosn que "esto puede durar uno o dos años. Estamos tranquilos con este proceso". Pronosticó el abogado ex consejero de la entidad que "esto se resuelve con pagarle con cuatro millones de euros a Manuel García Navarro, que es lo que ahora se reclama en el juzgado (...) No hay forma de resolver este asunto. Él no ha condonado nada".